El proceso de reforma de la seguridad social en Venezuela. Una visión desde el movimiento sindical venezolano.

El proceso de reforma de la seguridad social venezolana surge a finales de los década de los años ochenta, pautado por la crisis del seguro social, ya que los problemas de liquidez del estado, aunados a la mala gestión publica, dieron paso a su colapso definitivo, lo cual se tradujo en constantes protestas de los ancianos con la petición de ajustes a sus pensiones, así como de otros sectores sociales, porque los fondos destinados al Instituto Venezolano de Seguro Social (I.V.S.S.) fueron mal gastados y hurtados por parte de sectores donde predominaba la corrupción. Por ello, gracias al pésimo manejo administrativo, entre otros factores, dio lugar a la propuesta de reforma en el mes de marzo de 1997, formulada por empleadores, trabajadores y gobierno (comisión tripartita). En el año 1996, durante el gobierno del presidente Rafael caldera, en su agenda Venezuela, se asume el compromiso de reestructurar íntegramente el sistema de seguridad social, en donde se contempla: 1- eliminar el régimen legal de prestaciones sociales, 2- crear un sistema pensional fundado en cuentas o fondos de capitalización individual administrados por el sector privado, 3- transformar el I.V.S.S.,en un organismo financiero y por lo tanto no oferente de servicios o prestaciones en forma directa. El proyecto de Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social Integral (LOSSSI) es sancionado por la cámara de diputados del Congreso Nacional el 17/11/97, y la ley es publicada en la gaceta oficial de la República De Venezuela # 5199, extraordinario del 30/11/97. En este sentido la LOSSSI, marca el inicio de un nuevo sistema de seguridad social en Venezuela, la cual no observa cambios importantes sino la repetición e influencia de un modelo de protección social nacido en la dictadura chilena, es decir, es una simple copia. A finales de 1998 el gobierno y el congreso saliente aprueban un paquete de leyes de seguridad social de tendencia privatizadora, que luego es criticada por los nuevos factores del poder, y con la aprobación de la nueva constitución iniciaron un nuevo marco conceptual en términos del modelo ideológico, basado en el cuestionamiento de la privatización de la seguridad social en el país y la reivindicación de su carácter estadista. Pero el nuevo actor político desconoce los acuerdos tripartidarios producidos por los actores laborales en el régimen anterior, y se promulga una nueva ley con fecha 30/12/02 en gaceta oficial # 37600 tipificado en el articulo 86 de la constitución, aprobado sin el consenso y la consulta con los actores sociales, tal como exige un tema de esta naturaleza. Dicho proyecto opto expresamente por un sistema público de carácter no lucrativo universal y solidario administrado por el mismo. Esto trajo como consecuencia que el Confederación De Trabajadores De Venezuela (C.T.V) criticara dicha reforma y sostienen que la iniciativa reformista debería atender los siguientes aspectos: 1- la universalidad en la cobertura y en las prestaciones, 2- la solidaridad intergeneracional y solidaridad social, 3- participación de los actores públicos y privados en su organización, financiamiento, administración y supervisión, 4- transparencia en el manejo de los recursos y la eficiencia en la administración de los mismos, 5- rectoría tripartita del sistema de control democrático de la gestión, 6- la separación de los fondos de los distintos subsistemas con un eficaz sistema de vigilancia y control de la administración. Las reformas no deben verse del lado del sector estatal; sino también, en los otros actores que tratan de imponer formulas contrarias al estatismo que actualmente se impone en Venezuela como única opción. Las políticas gubernamentales deben entender que el soporte de la seguridad social no ha de inclinarse hacia el sector financiero, sino, por el contrario, su misión debe ser el de garantizar que se cumplan los derechos de todos los ciudadanos y velar por que los beneficios lleguen a todos y cada uno de ellos.